En medio de un ambiente político cargado – donde los nombres de Ayuso, Koldo García o el exministro Ábalos son los más escuchados- y bajo el espectro de próximas elecciones (como las de Euskadi, Cataluña o las europeas), el jueves pasado se daba a conocer que España alcanzaba un hito en recaudación de impuestos en 2023. Concretamente, 271.935 millones de euros. Este logro se produce en un contexto donde, paradójicamente, prevalece la percepción de que “los ricos no pagan impuestos sobre la renta”, un eco que resuena desde las palabras de José María Aznar en 1998 hasta Pedro Sánchez veinte años después.
“Todos los datos apuntan a esto aunque estamos a la espera de que haya un cambio. Es cierto que se han dado pequeños pasos, pero podemos seguir afirmando que no pagan impuestos sobre la renta de las personas físicas y que tampoco lo hacen con el resto de impuestos de acuerdo a su capacidad: sociedades, sucesiones, patrimonio… lo que hace falta es una mayor voluntad política en lo que se refiere al control de las grandes fortunas”, afirma Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), coautor junto a José María Mollinedo del ensayo ‘Los ricos no pagan IRPF. Claves para afrontar el debate fiscal’.
Cruzado ofrece una visión crítica sobre la implementación del principio de progresividad en el sistema tributario español, indicando un fracaso en su amplitud y señalando la elusión del impuestos sobre la renta como uno de los grandes retos a superar para asegurar una distribución más equitativa de la carga fiscal. “Analizarlas posibilidades de elusión es otro de los grandes interrogantes junto con la cuestión de la temporalidad. Una vez cometido el fraude, la fiscalía concede el tiempo suficiente como para justificar. La Agencia Tributaria, en lugar de realizar investigaciones, da cabida a hacer declaraciones complementarias”.
A pesar de la cifra con respecto a la recaudación del ejercicio pasado, debe cuestionarse la prevalencia de la imposición indirecta sobre la directa y destacar la necesidad de enfocar los esfuerzos de inspección hacia las grandes fortunas y empresas, donde se concentra el grueso del fraude. La “dualidad del IRPF” y el uso de paraísos fiscales emergen como síntomas de un sistema que requiere una reforma profunda, tanto a nivel nacional como global, para cerrar las brechas que permiten la evasión y la elusión fiscal.
“Esta forma de actuación hace pensar a buena parte de la ciudadanía que puede haber una doble vara de medir en la Administración Tributaria. El caso más reciente citado en el libro es el de el rey emérito en aquellas cuestiones posteriores a su abdicación. Cuando se permite pagar fuera de plazo, sin que se abra una inspección por parte la fiscalía, se está obviando el delito. El código penal es muy benevolente con el gran defraudador”, explica Cruzado.
El debate sobre la fiscalidad en España lleva a una encrucijada ética y política: reducir los impuestos o mantener un Estado del bienestar robusto. El llamado a una reforma fiscal importante, que aborde desde la reforma del impuesto de sociedades hasta la revisión de los beneficios fiscales y los impuestos a la riqueza, es urgente y necesario para construir un futuro más justo.
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