Fotografía: ALBA VIGARAY
Texto: ANALÍA PLAZA – Además de trabajar como técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado y José María Mollinedo son dos voces reconocidas en asuntos fiscales en España. Colaboradores habituales de medios de comunicación, acaban de publicar Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing), un libro de divulgación sobre cómo funcionan los impuestos en España y por qué es necesaria una reforma fiscal que nunca llega.
Cruzado atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA antes de entrar en directo en televisión a hablar sobre la inspección que le hizo Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Asegura que son necesarias “claves para afrontar el debate fiscal” y que los impuestos no polarizan tanto como parece. “Los ciudadanos están más de acuerdo en estas cuestiones que los partidos a los que votan”, avanza.
P. Con los datos en la mano, ¿es verdad que los ricos no pagan IRPF?
R. Esta es una frase que dijo Aznar [concretamente, en 1998 afirmó que “según el IRPF, en España no hay ricos”] y que repitió Pedro Sánchez siendo presidente [en una entrevista en El Objetivo dijo: “la gente rica no paga el IRPF, eso lo tengo claro, porque tienen las SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades y demás”]. Es llamativo que coincidan. Y analizamos datos de la Agencia Tributaria que van en esa línea.
P. ¿Cómo lo hacen?
R. Las grandes fortunas tienen demasiados vehículos de elusión para no pagar lo que les corresponde de acuerdo a su capacidad económica, no solo en renta, sino también en el resto de impuestos. Hace unas semanas, en el foro de Davos más de 250 multimillonarios, principalmente estadounidenses, plantearon eso: que los Estados deberían gravarles más. Además del IRPF, hay posibilidades de elusión en los impuestos sobre la riqueza, en el de socidades… Las grandes sociedades tienen políticas de minoración de beneficios en los países en los que plantean su actividad, hacen traslados a territorios de baja fiscalidad, utilizan las SICAV [sociedades de inversión en capital variable que tributan sus beneficios al 1% en vez de al 25%]. Y luego está el impuesto sobre el patrimonio, afectado por la competencia fiscal a la baja entre comunidades.
Ahora se ha intentado solucionar esto con el impuesto a las grandes fortunas, pero parece que nuestro título coincide con la realidad.
P. ¿Está el sistema fiscal diseñado para que esto sea así y una serie de gente no se enfade demasiado?
R. Parece que viene de ahí. España instauró su sistema tributario de estado del bienestar a finales de los 70 y ya llegó tarde. A principios de los 80, con las políticas de Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, empezó a cambiar ese modelo. Se empezó a cuestionar la progresividad que caracterizaba a los estados socialdemócratas [sistemas en los que quienes más tienen, más pagan].
Con el mantra de que la progresividad lastra el crecimiento económico y con la política de lluvia fina de que es bueno librar de impuestos a personas y sociedades con capacidad económica porque repercutirá positivamente en los ciudadanos de a pie, la imposición directa pierde importancia y la indirecta la gana. Poco a poco cae el principio de justicia tributaria, que ha conducido a esta situación.
P. La famosa curva de Laffer [teoría según la cual aumentar los impuestos, a partir de cierto punto, lastra la recaudación], ¿ha hecho daño a este concepto?
R. Es significativo cómo Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con el Partido Popular y gran seguidor de la curva de Laffer, no la aplicó cuando llegó al gobierno en 2012. Hizo la mayor subida de impuestos que ha hecho nunca un gobierno. La recaudación había caído estrepitosamente y necesitaba aumentarla, pero no se fió mucho de la curva y subió IRPF, IVA, impuestos especiales, IBI, pagos fraccionados del impuesto de sociedades… A Liz Truss, primera ministra de Reino Unido, plantear una bajada de impuestos generalizada le costó el puesto. El FMI dijo que no es cierto que la progresividad lastre el crecimiento y que estas políticas incrementan las desigualdades sociales. Ya hay bastantes dudas con la curva de Laffer.
P. ¿Qué efecto tiene en los ciudadanos que se pille a personajes famosos evadiendo impuestos o que digan que se van a Andorra para pagar menos, como los youtubers? ¿Crea conciencia de que hay que pagar o todo lo contrario?
R. Ambas. Por un lado, el ciudadano quiere que se controle, que si él paga sus impuestos los pague todo el mundo sea futbolista, actor o político. Por otro, esto desincentiva mucho el cumplimiento fiscal. En España ya tenemos un problema de conciencia fiscal en relación a otros países europeos. Que personas mediáticas hagan esto no anima al ciudadano. Sobre todo los políticos, que son los que deberían dar mayor ejemplo.
P. A raíz del caso sobre su pareja, Isabel Díaz Ayuso declaró que como “cualquiera que tiene una empresa o es autónomo sabe, Hacienda primero te hace una acusación y luego uno tiene que defenderse”. ¿Existe una percepción de que Hacienda te persigue? Y en ese caso, ¿está justificada?
R. Puede existir en algunos casos. Justificada, no lo creo. En este supuesto no hablamos de la Agencia Tributaria, sino de la Fiscalía, que puede o no aceptar la denuncia de la Agencia Tributaria. Veremos si el juez o jueza de instrucción la admite.
P. Sé de unos cuantos autónomos que opinan como Ayuso… ¿podría Hacienda mejorar su comunicación?
R. Sin duda, sin duda. Quizá se centra excesivamente en autónomos y pequeñas empresas. Pero esto es otra cosa.
P. Ibai Llanos defendió en prime time que hay que pagar impuestos. Aunque involuntaria, ¿fue la mejor campaña de publicidad de Hacienda?
R. Sí. Los youtubers calan mucho entre los jóvenes. Que se produzca una salida de varios de ellos, con muchísimos seguidores, a Andorra, hace daño a la conciencia fiscal. Deberían dar ejemplo y no lo dan. Y así los jóvenes piensan que hay que buscarse la vida…
P. …que el dinero “donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”
R. Lo que hay que tener en cuenta siempre que hablamos de impuestos es el gasto social. La educación, la sanidad, las infraestructuras… Eso sale del bolsillo de todos.
P. El libro critica la actuación de la AEAT con la lista Falciani, diciendo que “facilitó” los trámites para que “personas que evadieron enormes sumas de dinero” hicieran regularizaciones voluntarias. ¿Cómo de habitual es esto?
R. No es habitual. En comportamientos así, se abre inspección. En este caso se dio una segunda oportunidad y la gente que estaba en esa lista (entre otros, la familia de un gran banquero español) tuvo la posibilidad de regularizar, de pagar antes de que se abriera una inspección y evitar así sanciones administrativas y denuncias por delito fiscal. No nos pareció bien. Y, por primera vez, en Gestha [el sindicato de técnicos de Hacienda al que Cruzado pertenece] fuimos a los tribunales [la Justicia avaló la actuación de la Agencia Tributaria].
P. ¿Por qué hacen falta claves para afrontar el debate fiscal? ¿Es que la gente no entiende el sistema?
R. Cuando hablamos de fiscalidad, como en otros ámbitos económicos, la gente se pierde un poco. Intentamos traducir esa terminología, esa forma de expresarse del Ministerio de Hacienda. Las ideas son mucho más sencillas de lo que parecen. Por otro lado, en el estudio periódico del CIS sobre política fiscal vemos mucha transversalidad en las grandes cuestiones fiscales. Una amplia mayoría de ciudadanos, con independencia del partido al que voten, coincide en que el sistema fiscal es injusto en España y en que se tiene que apoyar más en los impuestos directos [los que van en función de la capacidad económica, como el IRPF] que indirectos [los que son iguales para todo el mundo, como el IVA].
P. ¿Es España un infierno fiscal?
R. España no es un infierno fiscal. No tenemos más que compararnos con los sistemas tributarios de países cercanos y democracias similares. Si nos comparamos con Andorra u otros paraísos fiscales, sí. Pero si queremos mantener un estado como el que establece la Constitución, no podemos hablar de infierno fiscal. La presión fiscal es el porcentaje que los ingresos fiscales (impuestos de cualquier tipo y cotizaciones) suponen respecto al PIB. Sirve para comparar. Tiene sus problemas, pero es el índice que mejor funciona.
P. ¿Si los ciudadanos están de acuerdo en los temas relativos a impuestos, por qué los partidos los usan como arma electoral? ¿Hay polarización?
R. Es un tema ideológico. Hay disociación entre el mensaje de algunos partidos y la opinión de sus propios votantes. Si lo extrapolamos a la comparación con otros países, vemos que decisiones que en España toman los partidos de izquierda en otros países las toman los conservadores.
P. ¿Por ejemplo?
R. Eso de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos ya no se oye tanto. La OCDE recomienda a los países reforzar el impuesto de sucesiones y en España ha habido una campaña que no se corresponde con lo que piensan la mayoría de teóricos en fiscalidad: que es un impuesto justo porque lima las diferencias que se trasladan de generación en generación. De hecho, es un impuesto que solían defender los liberales.
P. La tesis del libro es que el sistema actual no es tan progresivo como debería. ¿Qué reformas hacen falta?
R. Hay muchos elementos sobre la mesa. El impuesto de sociedades está fallando y hay que replantearlo a nivel global. En el IRPF también hay un problema, porque las personas más adineradas pueden planificar sus impuestos para evitar el pago de la renta a través de sociedades. Hay una cantidad de mecanismos de elusión que habría que replantearse. Y está la cuestión de los beneficios fiscales. La Airef hizo un estudio sobre la falta de control: no se estudia seriamente qué se persigue ni se sabe si han logrado sus objetivos.
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