José M. Mollinedo, técnico de Hacienda y coautor de ‘Los ricos no pagan IRPF’, denuncia que el
pago de impuestos se aleja del ideal de aportación con justicia fiscal Todos contribuimos a
sostener el gasto público según nuestra capacidad económica, con «un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Eso dice la Constitución. En la práctica, la
cosa es diferente: las rentas altas y grandes empresas parten con ventaja y un acceso a recursos
de planificación e ingeniería fiscal que reducen su factura. Así lo exponen los técnicos del
Ministerio de Hacienda José M. Mollinedo y Carlos Cruzado en Los ricos no pagan IRPF (Capitán
Swing, 2024). Con una inspección centrada en el contribuyente medio, falta de recursos y tras
soluciones fracasadas como las amnistías fiscales, denuncian que el sistema ni reduce
desigualdades ni corrige deficiencias. Con todo esto, la carrera autonómica por bajar impuestos no
conviene. El sistema fiscal es imperfecto. Ha tenido muchas reformas puntuales a lo largo del
tiempo con las que ha perdido una cierta coherencia y unidad. En la Constitución se define un
sistema tributario por el que todos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas con
un modelo tributario justo. Pero se están dando muchos casos donde no se cumple el pago de sus
impuestos. Personas con grandes rentas y patrimonio que incumplen sus obligaciones tributarias,
que esconden partes de esos bienes y patrimonio millonarios a través de sociedades en paraísos
fiscales. Un denominador común en los papeles de Panamá, la lista Falciani, Football Leaks…
Tienen mucha renta, pero no tributan. Los ricos salen beneficiados. A pesar de las medidas que se
están tomando a nivel internacional para evitarlo, tradicionalmente han ido evitando la tributación
de parte de sus rentas. También mediante medidas de elusión (minimizar el pago cumpliendo la
normativa) por una norma tributaria que no es justa. La justicia implica cierta equidad en el pago
del impuesto, pero esto no se produce porque en la norma hay circunstancias anómalas,
anacrónicas, extrañas. Y las exprimen. ¿No hace falta esconderse tanto para esquivar al fisco? Es
lo que estamos viendo, desafortunadamente. Hay mucha normativa que debería ser corregida,
pero no se han ido aplicando las conclusiones de los expertos que ha consultado el Gobierno,
como en el 2014, el 2017 o el 2021. Hay unos beneficios importantes que tienen estas personas
que no tienen muchos ciudadanos. Una es contar con grandes bancos y despachos
especializados, incluso de la asesoría internacional. Hace que tengan una información que no
tiene el resto de ciudadanos y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en cómo las grandes empresas
usan las principales ventajas de la ley del Impuesto de Sociedades. Su tipo impositivo, su tipo real
sobre el beneficio que contabilizan, no llega al 6%. En las empresas medianas y pequeñas es del
14%. Su tipo real es superior, del doble. No parece muy lógico que en un impuesto lineal y con un
tipo de carácter general haya grandes empresas que paguen la mitad que las pequeñas, que
incluso tienen un régimen especial más beneficioso. «La Agencia Tributaria prima las
comprobaciones sobre particulares, autónomos y pymes, a los que dedica el 80% de los
efectivos», señalan. ¿Esto tiene sentido? El grueso de las comprobaciones nace del control de las
discrepancias, entre el dato declarado por cada contribuyente y la información que posee
Hacienda. Las personas y entidades que tienen buen asesoramiento no incurren en discrepancias
y por lo tanto no suelen entrar en el plan de comprobación. A no ser que surja alguna información
como las filtraciones periodísticas… O porque hay una entidad que declara unos pagos que otra no
recoge… O porque dice que reside en otro país cuando realmente reside aquí… Eso sí hace que
las grandes fortunas sean objeto de comprobaciones. Si el modelo actual se centra cada vez más
en las rentas del trabajador, ¿perjudica más al contribuyente medio? El control tributario de las
personas es más sencillo para la Agencia Tributaria. No tienen tan buen asesoramiento o no
cuentan con ello y al final es un fraude burdo, que es muy fácil de ser descubierto. Es un trabajo
que se hace muy rápido. Pero el fraude en las declaraciones de la renta no suele superar los
1.000 euros. Si miramos al pasado, a una única multinacional cementera le impusieron una multa
de 400 millones de euros. ¿A cuántos contribuyentes pequeños, con pequeños importes, hay que
investigar para sumar esos 400 millones? Ahí puede haber un campo de mejora. Habría que
cambiar el enfoque de la inspección. Desde luego, investigar a una multinacional es infinitamente
más complejo que a un ciudadano de a pie, pero si fuéramos capaces de cambiar la visión
llegaremos a un fraude más complejo, más sofisticado. Puede ser más lento, pero rendir mucho
más. Son muy críticos con el resultado de las amnistías fiscales. ¿Fracasaron? En la historia
hemos visto que han sido siempre malas decisiones con un coste político importante en la mayoría
de los casos. De las amnistías que se han ido produciendo ninguna ha logrado el objetivo de
borrón y cuenta nueva. Ese borrón y cuenta nueva solamente se ha producido para borrar casos
que estaban siendo investigados o próximos a ser investigados, para acogerse a ella y que no
entrasen en delitos contra la Hacienda. Como en el caso de la familia Pujol. Deportistas, famosos,
artistas… Defraudan y se los sigue idolatrando. Muestra la falta de conciencia fiscal que tenemos
en nuestro país. Cuando Leo Messi acudió a los juzgados para declarar por su investigación por
delitos fiscales la gente lo coreaba. No creemos que sea muy de recibo para los ciudadanos, para
nuestro país. Su calidad deportiva no tiene que hacer perdonar sus incumplimientos tributarios.
Esto hace mal a la conciencia fiscal. También lo hemos visto con artistas que han sido
investigados e incluso condenados por delitos contra la Hacienda Pública. La dinámica se ha
repetido. Ahora es tiempo de youtubers, de streamers que se van a Andorra. Los jóvenes
entienden por qué se van allí para no tributar. Pero buena parte del público que los sigue tiene
pocos ingresos, han recibido ayudas de los ERTE, prestaciones por desempleo o sus familias
reciben ayudas públicas. Y eso sale del pago de impuestos. Si estas personas a las que siguen y
admiran no declaran correctamente el pago de esos impuestos, ellos son los principales
perjudicados. Esto muchos ciudadanos no lo ven. ¿Defraudar igual sale barato? A quien le pillan
no. Las medidas contra el fraude y las sanciones no son poca cosa. Lo que ocurre es que en
demasiadas ocasiones por la escasez de plantilla que se tiene en la Agencia Tributaria se llega a
poco. Hay margen de mejora. Además las normas internas han desapoderado a los técnicos de
investigar los delitos fiscales y esto hace que desde el 2010 se hayan desplomado sucesivamente,
a lo largo del tiempo, un 80% las denuncias por delitos contra la Hacienda Pública. Denuncian una
«espiral de competencia fiscal a la baja» entre autonomías. ¿Conviene? ¿Gana alguien realmente?
Los que perdemos somos los ciudadanos. Los impuestos son una de las caras de la moneda, la
otra son los gastos públicos. La educación, la sanidad, las pensiones, las ayudas públicas, la
dependencia… Lo que no se paga con impuestos impide realizar esos gastos. Es difícil mejorar la
calidad de los servicios o las pensiones si no se ingresa lo suficiente.