Javier Padilla (Madrid, 1983) tiene medio pie en la medicina y medio en la política, en el sentido más amplio de la palabra. Es médico de familia e iba en las listas de Íñigo Errejón (Más País) para el Congreso de los Diputados en las elecciones del pasado noviembre, aunque finalmente no consiguió escaño. Sin embargo, los lectores tienen un pequeño acceso a sus reflexiones en el libro ¿A quién vamos a dejar morir?, que ha publicado este año la editorial Capitán Swing. 

En 166 páginas alumbra, bajo el flexo de la crítica, varios debates abiertos que impactan sobre uno de los elementos más cohesionadores de los españoles: la sanidad pública. “El sistema sanitario a veces actúa como desagüe de lo que falla en muchas partes del sistema social”, explica durante la entrevista. En el libro, Padilla reflexiona sobre las carencias que dejó la crisis, la tajada que saca el sector privado o los dilemas no resueltos sobre la salud. 

En la cafetería donde escribió parte de su libro, recibe a cuartopoder para hablar de cómo un sistema universal no escapa a los tics de clase, del healthwashing y de la medicalización de los problemas sociales, entre otros muchos temas

– Una de las ideas de su libro es que en el ámbito sanitario, incluso en sistemas universales como el nuestro, hay sesgos de clase, ¿en qué se manifiesta cuando visitamos a nuestro médico?

– Por un lado, hay un sesgo de clase en el acceso al sistema. A pesar de que es bastante equitativo sí hay aspectos que pueden amplificar las desigualdades. Por ejemplo, la libre elección de especialista se vehicula a través de app o de web, lo cual ya supone una primera desigualdad que seguramente se juntará con otros factores. Hay otros aspectos también. Los sanitarios somos personas, y tenemos nuestros sesgos. Está muy estudiado que dedicamos menos tiempo a estudiar a personas de renta más baja, con unas intervenciones más dirigidas y con menos capacidad para que el paciente tome decisiones. Esto más que señalar con el dedo culpabilizando a los profesionales sanitarios nos debe suponer un incentivo para tenerlo en cuenta y modificarlo en nuestra práctica habitual.

-Dice en el libro que las clases bajas usan más la atención primaria y las altas la hospitalaria, ¿por qué?

– Según está planteado el sistema debería ser todo homogéneo, lo que ocurre es que sí que sabemos que las clases más altas tienen mayor capacidad para utilizar los vericuetos del sistema. Por un lado, en muchas ocasiones nos encontramos con personas con doble aseguramiento, es decir, con cobertura pública y cobertura privada, que acuden al servicio público con pruebas del privado en el que le han encontrado algo para que sea derivado directamente. Eso es un filtro. 

Por otro lado, dentro de las desigualdades que se generan en la consulta, los médicos tendemos a derivar en estadios más tempranos de enfermedad a personas de nivel educativo más alto que a las de nivel educativo más bajo, seguramente porque hacemos un trato más condescendiente con las clases bajas y más participativo con las altas. La atención primaria tiene esa sensibilidad propobre y la otra prorico. Es el reflejo también del sistema paralelo que tenemos en España. Funcionariado, jueces y militares tienen un sistema pagado con dinero público, pero prestado por empresas privadas. Un sistema en el que la atención primaria está desaparecida y suele ser una atención especializada y prestada en el área hospitalaria. Por mucho que en teoría sea igual sí existen dinámicas que generan desigualdades.

-Dice que “cuando la economía se ralentiza, la salud mejora”, ¿cuál es la explicación?

-Ya se ha publicado con datos de España que los primeros años de la crisis supusieron una disminución de la mortalidad. Es un estudio que se ha replicado en muchos países, donde se observa que, en términos generales, los fragmentos iniciales de las crisis suponen una disminución de la mortalidad porque disminuye la actividad económica. Hay una parte de actividad económica dentro del sistema capitalista actual que nos enferma y nos mata. Esto está principalmente vinculado a la accidentalidad laboral, en los desplazamientos y también está relacionado con la contaminación. Cuando la crisis se alarga, esa disminución de la mortalidad se borra porque disminuye también otros factores como la renta disponible de los hogares, aparece el paro de larga duración, etc. 

Pero más allá de la vinculación puntual de las crisis con la mortalidad, creo que debe servirnos para reflexionar sobre que las dinámicas económicas en las que nos movemos, en las que siempre pensamos que crecer es positivo, y que están reñidas en parte con las dinámicas de salud y desarrollo de la vida en la sociedades actuales. Y más en la situación a la que estamos llegando de crisis ecológica.

-Cuenta en el libro que una de las razones por las que Alemania desarrolló el sistema sanitario tipo Seguridad Social fue el interés en que sus trabajadores tuvieran salud para producir, ¿a los estados ya no les interesa la salud de sus trabajadores?¿por qué estamos desandando el camino del Estado del Bienestar?

-No hay que olvidar que estamos en un escenario de exceso de mano de obra. Cuando surgen los sistemas sanitarios públicos es después de una guerra mundial. No hay un remanente excesivo de mano de obra y los estados necesitan dos aspectos. Por un lado, una mano de obra que esté sana y, por otro lado, una población que no vaya a incurrir en ahorros excesivos, que no tenga miedo a la enfermedad y no esté ahorrando para cuando esta aparezca porque necesitaban estimular la demanda. Esos dos factores han ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

A día de hoy, al menos a nivel social, tenemos [al sistema sanitario] como una forma que tiene el estado de cuidar a su población. Además, lo estamos pagando todos, así que sería unos cuidados que nos estamos dando todos. Como garante de la mano de obra está mucho más disminuido porque ahora mismo no hay esa falta de mano de obra que existía de forma crítica en la posguerra mundial. 

-¿Cómo se conjuga eso con el paso del sistema welfare al workfare?

-Una cosa es que no exista excedente de mano de obra y otra que no se utilice el trabajo y la cotización como puerta de acceso al sistema. El workfare no tiene sentido en nuestro país porque no se financia la asistencia sanitaria por medio de las prestaciones ligadas al trabajo, sino a los impuestos. Hubo una perversión que se introdujo en el sistema en 2012 [el Real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud]  y que vino de la mano de discursos liberales como los que introdujo en su momento Ciudadanos. Creo que son discursos en retroceso, pero sí han dejado cierta huella. Con el real decreto 7/2018, a nivel legal y sobre todo con la población migrante indocumentada, no consiguieron grandes cambios, pero seguimos teniendo un poco la huella de aquel entonces. 

Con relación al estado-nación como dador de derechos, en esa seguimos. Fue Marta Nussbaum la que dijo que había que pensar modelos de justicia que vayan más allá de la lotería de nacimiento de cada uno. Es un sistema en el cual, incluso dentro de la UE, existen ciertos problemas de asistencia, aunque no debería, entre diferentes países. Seguramente, ese trascender la barrera del estado-nación sea uno de los grandes puntos a los que nos tenemos que enfrentar en el presente y en los próximos años. Quiero creer que, además, a nivel nacional es uno de los aspectos que se puedan mejorar si hay un nuevo gobierno. 

-¿Hasta la salud pasa por la formación del nuevo gobierno?

“La salud de mucha gente pasa por un nuevo gobierno”

-La salud de mucha gente pasa por un nuevo gobierno. La asistencia sanitaria a muchos migrantes pasa por un nuevo gobierno. Hay muchas cosas que no nos podemos dar a día de hoy sin decisiones gubernamentales. Seguramente, las decisiones más importantes a nivel de salud no van a recaer en el Ministerio de Sanidad, sino en otros ministerios. Muy probablemente, conseguir una regulación sobre el precio del alquiler tuviera un impacto en la salud mucho mayor que muchas políticas relacionadas con el aspecto puramente sanitario que puedan poner en marcha en los próximos años. También podría pasar con la reforma laboral o la implantación de una renta básica más o menos condicional.

-En el libro hace también alguna crítica respecto a que ahora todas nuestras decisiones se justifiquen con la salud. 

-Hay un punto de equilibrio complejo entre ser consciente de que las políticas de los determinantes sociales de salud y otros ámbitos, como pueda ser vivienda, educación, igualdad, etc. tiene un impacto en la salud y otra vehiculizar por el dispositivo médico-sanitario problemáticas sindicales o laborales. Las consultas están llenas de problemas que no son médicos y hay que darles respuesta. En muchas ocasiones, sirven como desactivador de la respuesta política a problemas que no son médicos, sino que son del ámbito social. Si conseguimos mejorar las condiciones laborales de la población, redundará en una mejora de su salud y sus problemas laborales no acabarán en el médico en forma de trastorno del ánimo.

-Es decir, al final, la responsabilidad de las circunstancias laborales de un paciente acaban recayendo en el médico de cabecera.

“El sistema sanitario a veces actúa como desagüe de lo que falla en el sistema social”

-No, la responsabilidad no, pero el sistema sanitario a veces actúa como desagüe de lo que falla en muchas partes del sistema social. A día de hoy, el sistema sanitario es uno de los pocos elementos de prestación social que no le pide cuentas a nadie. Una vez tienes ganado el derecho a la asistencia, no tienes por qué justificar que cumples otros requisitos, mientras que para acceder a otro sistema de prestación social, como el desempleo o servicios sociales, tienes que cumplir otros requisitos.

Ese carácter universal y de falta de barreras del sistema sanitario es lo que hace que muchas de las cosas que no son sanitarias se vehiculen por ahí. Tenemos cierta responsabilidad desde el sistema sanitario de saber reconducir esas demandas a lugares donde vayan a poder dar una respuesta mejor. Por ejemplo, uno de los problemas típicos que llega y que ha sido creciente desde los años previos a la crisis ha sido las demandas por malestares relacionados con el riesgo de desahucio. Ahí no tenemos una respuesta médica que dar, pero sí es nuestra obligación conocer  los recursos que tiene nuestra comunidad para dar respuesta, ya sea poniéndoles en el contacto con dispositivos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o por la vía de los servicios sociales.Lo que no tiene sentido es darle una respuesta única en forma de antidepresivo o ansiolítico porque eso no va a mejorar para nada su situación de riesgo de desahucio.

-Estos días, con la celebración de la COP25 estamos hablando mucho de greenwashing, ¿usted ha visto campañas donde la salud se use como reclamo de marketing para anunciar productos no saludables?

“Hay un healthwashing total”

-Está claro que hay un healthwashing total y absoluto, también vinculado con el greenwashing. Se ve mucho en empresas de alta extracción de bienes naturales. Como ponen el barniz de lo saludable parecen aceptables. La salud ahora mismo es utilizada como un bien de blanqueamiento publicitario en muchos ámbitos y no hay más que pasarse por un supermercado para darse cuenta de ello. Escoger un yogur o una marca de leche parece que se convierte en una decisión de salud, cuando es una decisión alimentaria. Nos encontramos con marcas de galletas ultraprocesadas que llegan a acuerdos comerciales con asociaciones científicas de pediatría para conseguir ese aval de sociedad científica y que sea utilizado como un bien comercial. Las galletas Dinosaurios son un claro ejemplo.

Nos hemos encontrado con Coca-Cola o McDonalds presentes en espacios de exposición de congresos científicos en el ámbito de la nutriología o de la pediatría. Es una barbaridad como un castillo, pero ahí está la penetración de la industria alimentaria. Se usa ese sello como forma de llegar a públicos preocupados por su salud cuando en realidad lo que están comprando es un producto claramente no saludable. 

-Esta asociación es muy confusa para el ciudadanos. 

-Sí, y claramente son casos de mala praxis por parte de las asociaciones que tendrían que tener una responsabilidad sobre con qué organizaciones privadas se están vinculando a la hora de vender algo. Creo que esto acaba teniendo una repercusión negativa sobre la credibilidad de las asociaciones científicas. No puede ser que la misma asociación que hace recomendaciones sobre vacunas esté poniendo el sellito en galletas procesadas o a alimentación no saludable. Todo el mundo tiene claro que esas galletas no son saludables y pueden pensar que el resto de recomendaciones van a estar también teñidas por otros intereses espúreos económicos. Las asociaciones sanitarias y profesionales no solo tienen que ser creíbles sino también parecerlo. 

-Habla en el libro de una lucha social que ha logrado penetrar en el sistema sanitario y cambiar las cosas, como es la lucha del colectivo LGTBI contra el VIH, ¿por qué es ejemplar?

-Cuando comenzó la lucha contra el VIH estaba muy estigmatizado y había un conocimiento limitado. En el ámbito sanitario, era visto como algo muy ajeno y a la vez muy cercano a la responsabilidad individual, al “si se ha contagiado por algo será”. Hubo una labor de pedagogía y de conseguir centrar el debate ahí e integrar los avances científicos dentro de la deconstrucción del estigma. Es una labor que ha llegado gracias a los colectivos de personas afectadas y a los colectivos de los profesionales verdaderamente implicados.

Es un ejemplo porque muchas veces nos cuesta encontrar historias de éxito en las que fijarnos de cómo los colectivos sociales pueden llegar a impactar en las políticas públicas. Cuando se habla de cómo puede influir la población en la salud cuando ésta está permeada por muchos intereses de lobbies y empresas farmacéuticas, la lucha contra el VIH y de otras cuestiones como la identidad trans son un ejemplo de cómo hacer ese salto entre lo individual y lo social y llegar a la acción política. 

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