En su libro David Madden y Peter Marcuse analizan cómo la mercantilización, financiarización y globalización de la vivienda han provocado una crisis sin precedentes que es necesario revertir con políticas sociales.
Pocas épocas han conocido una crisis de la vivienda de tal magnitud y extensión como la actual. El coste de vivir bajo un techo se lleva la mayor parte de los sueldos en todo el mundo. El número de personas sin hogar no hace más que aumentar ante el creciente número de desahucios. Las desigualdades, la segregación social, la pobreza y los desplazamientos de la población se han convertido en la norma en las grandes ciudades; mientras las pequeñas urbes tratan de sobrevivir.
En esta situación el conflicto más inmediato, explican el sociólogo David Madden y el planificador urbano Peter Marcuse en su libro En defensa de la vivienda, es el antagonismo que existe entre la vivienda como espacio social en el que se vive y la vivienda como instrumento para obtener beneficios, es decir, el conflicto entre la vivienda como hogar y la vivienda como bien inmueble con el que especular. ¿Pero cómo hemos llegado a esta situación?
“Resumiendo, la vivienda se convirtió en una mercancía porque los estados decidieron asociarse con los bancos y las sociedades financieras”, cuenta a The Objective Madden, de visita en Madrid para presentar su ensayo en el Espacio Fundación Telefónica. “En ningún momento de la historia de las ciudades capitalistas se ha resuelto el problema de la vivienda, pero nunca ha sido una mercancía en la medida en que la que lo es ahora. El proceso ha sido largo y se ha ido desplegando a lo largo de los años, pero, en esencia, desaparecieron las limitaciones a la financiación, el intercambio de ciertas viviendas protegidas o la protección del alquiler. Al mismo tiempo, los bancos, las financieras y los fondos de libre inversión comenzaron a crear nuevos instrumentos de financiación, lo que convirtió a las viviendas en una mercancía que circula de manera global y está mediada digitalmente”, añade.
¿Por qué en todas las ciudades importantes del mundo hay una crisis de la vivienda? | Imagen vía Capitán Swing.
Como explica Madden en su libro, “la crisis de la vivienda es el resultado predecible y lógico de una característica básica del desarrollo espacial capitalista: la vivienda no se produce y se distribuye con la finalidad de que todo el mundo tenga un lugar en el que vivir, sino que se produce y se distribuye como una mercancía para enriquecer a unos pocos. La crisis de la vivienda no se produce como consecuencia de un fallo en el sistema, sino porque el sistema funciona como debe”. De manera que su primer objetivo al publicarlo fuera cuestionar la función de la vivienda dentro del capitalismo neoliberal globalizado: revelar las conexiones que existen entre el poder de la sociedad y la experiencia residencial y preguntar para quién y para qué son las viviendas, quién las controla, a quiénes empoderan y a quiénes oprimen. Empezando por la labor de los poderes públicos.
“Uno de los mitos de los que hablamos es del mito del estado benevolente, la idea de que las políticas de vivienda, especialmente en Estados Unidos pero en cierta medida también en Europa, han tratado de resolver el problema de la vivienda, cuando si las observas en profundidad reflejan las necesidades de las empresas inmobiliarias, de construcción y los intereses del partido en el poder”, asegura Madden. “El proceso de mercantilización de la vivienda no fue votado, en ningún momento se preguntó a los ciudadanos si querían vivir en mercancías o en hogares. Y en parte hay una ideología muy poderosa asociada a la vivienda, como que la propiedad privada es la única forma de ser completamente autónomo y convertirse en un verdadero ciudadano”, añade.
Esta última cantinela demostró su fragilidad durante el estallido hipotecario que en la última década ha hundido a millones de hogares y provocado más de 700.000 desahucios solo en España. Aunque en perspectiva resulte difícil de creer, la legislación posterior fue más allá, preparando la ola de especulación en la que actualmente nos encontramos inmersos, con el precio de los alquileres disparado, la expulsión de muchos vecinos de sus barrios y un fondo buitre como Blackstone se convierte en el mayor casero del país al superar las 20.000 viviendas. Porque es necesario recordar que la supuesta mano invisible que rige los mercados en general y el inmobiliario en particular es regulada por la administración pública, que marca los usos del suelo, los regímenes de propiedad privada, la construcción, los contratos de alquiler, el sistema hipotecario, la política de desahucios y realojos, la distribución de los recursos mediante la fiscalidad y la articulación entre la vivienda y el sistema financiero.
“En muchos países las corporaciones inmobiliarias tienen demasiado poder y los estados no van a actuar contra ellas, pero históricamente cuando la presión ha sido suficiente han actuado”. | Foto: Javier Arias | Fundación Telefónica.
La movilización ciudadana y la regulación estatal, claves para resolver la crisis inmobiliaria
Según los datos del INE, en España hay 3,5 millones de viviendas vacías, lo que supone el 13,7 por ciento del total de 25,2 millones que existen en el país. “El problema aquí no es que no haya suficientes viviendas, es que no están distribuidas de manera igualitaria. Es más una cuestión de desigualdad que de escasez, lo que exige la acción estatal”, señala Madden a este respecto. “En muchos países el Estado tiene el poder de obligar a los propietarios o las grandes corporaciones a vender si estima que van en favor del interés público” o aumentar sus impuestos. “La cuestión es cómo definimos el interés público y cómo de activo va a ser el estado para dar las viviendas a las personas que realmente las necesitan”.
El cambio, defienden los dos autores, es posible. Pero cuidado con falsos remedios. “Las aplicaciones inmobiliarias, los micropréstamos o las microcasas se ofrecen hoy como soluciones cuando lo que hacen es fortalecer el sistema”, afirma el sociólogo. Entre sus fórmulas enumera “parar por completo las privatizaciones, fortalecer los derechos de los inquilinos y el sistema de vivienda pública, empoderar a las asociaciones de vecinos, crear nuevas políticas para gestionar la vivienda vacía y evitar la especulación y, en definitiva, trabajar para reducir el carácter mercantil de la vivienda. Ninguna de estas medidas por sí solas van a cambiar el sistema de vivienda, pero colectivamente todas lo reorientarían en otra dirección y harían posibles muchas más cosas”.
De ahí que, en última instancia, la responsabilidad recaiga en los ciudadanos y su capacidad para organizarse, responder y exigir responsabilidades. “En muchos países las corporaciones inmobiliarias tienen demasiado poder y los estados no van a actuar contra ellas, pero históricamente cuando la presión ha sido suficiente han actuado”, apunta Madden. “En todas las grandes ciudades hay movimientos por la vivienda que están tratando de resistir, que han crecido luchando y logrando pequeñas victorias. Y en ese sentido España destaca”, concluye.
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