La historia de la industrialización es también la historia de la producción de tóxicos industriales para el ser humano y/o el medio ambiente. Esos tóxicos tuvieron que ser prohibidos en algunos casos (el plomo en las pinturas comerciales o en la gasolina, los hidrocarburos clorados en pesticidas como el DDT, etc.) o al menos regulados en cuanto a las condiciones de seguridad para su manejo. Detrás, hay también una ardua historia social de movilización obrera o vecinal para conseguir la retirada o la regulación del tóxico o para conseguir el reconocimiento como enfermedad laboral de los trabajadores intoxicados.
Digo ardua, porque estos colectivos a menudo se han tenido que enfrentar a enormes dificultades políticas y a poderosos intereses empresariales para conseguir su objetivo. Como lo estamos viendo hoy en la Región de Murcia con el amianto, los metales pesados de los suelos contaminados de la Sierra Minera y de El Hondón, y el bisfenol de la incineradora de Sabic en La Aljorra (Cartagena).
El amianto es uno de esos materiales prohibidos al menos en los países europeos, pero que fue profusamente utilizado por la industria y en la construcción de edificios (la famosa uralita) por sus propiedades para la conservación del calor. Pero al mismo tiempo, las fibras de amianto tienen una capacidad cancerígena enorme, especialmente cánceres del pulmón y un tipo de cáncer específico del amianto que afecta a la pleura pulmonar: el mesotelioma. Fueron miles de trabajadores de la industria que en las décadas entre los 50-80 estuvieron expuestos al amianto hasta la prohibición de su uso. Décadas después, estos trabajadores que estuvieron expuestos, están ahora enfermando y muriendo por patologías cancerígenas inducidas por las fibras de amianto. Por ello, estos trabajadores postexpuestos o sus familiares libran una intensa batalla por el reconocimiento de sus derechos en cuanto enfermedad profesional o laboral.
En Cartagena, por ejemplo, entre 2000-2015, hubo 169 personas muertas por mesotelioma, 125 varones y 44 mujeres (contaminadas al ir a lavar la ropa de sus maridos) y con toda seguridad continuarán apareciendo más los próximos años. En total se calcula más de 400 trabajadores fallecidos hasta ahora por patologías del amianto. La Asociación APENA viene denunciando las innumerables trabas que se encuentran a la hora de conseguir el reconocimiento de sus derechos como trabajadores con una enfermedad profesional: la dificultad de diagnósticos médicos; jueces que no reconocen las patologías; empresas como el caso de Repsol que no entrega a las autoridades el listado de trabajadores postexpuestos en la refinería de Cartagena desde los años 50 o como el caso de Navantia que aunque sí ha entregado el listado, sin embargo, se niega sistemáticamente en los juicios a reconocer la relación entre las patologías de sus trabajadores y la exposición al amianto.
El potencial tóxico de los metales pesados como el plomo, el cadmio o el arsénico también ha sido reconocido desde hace mucho tiempo como un riesgo para la salud pública. Los pueblos de la Sierra Minera (Diputación de El Beal, Portman o barrios de La Unión) viven rodeados de suelos, antiguas balsas mineras y depósitos minerales con concentraciones enormes de metales pesados.
Los estudios del doctor Motas sobre la presencia de metales pesados en la leche materna, del investigador José Matías Peñas en la población escolar del Llano o del doctor Juan Antonio Ortega a partir de las analíticas de sangre realizadas en los consultorios de atención primaria, evidencian un problema muy importante de salud pública. Sorprendentemente, los resultados presentados del estudio epidemiológico sobre la Sierra Minera encargado por el gobierno regional parecen encaminados a minimizar los riesgos derivados de la presencia tóxica de metales pesados más que a presentar la gravedad del problema. Mientras tanto, el Plan de actuación sobre antiguas balsas mineras del Gobierno regional (PRASAM) sigue sin poner como criterio la salud pública de las poblaciones a la hora de priorizar las intervenciones sobre las balsas mineras y se empeña en destinar tres millones de euros a estabilizar el antiguo pantano de El Lirio, un pantano alejado de los núcleos de población.
En La Ajorra (Cartagena) vecinos y ecologistas vienen reclamando a la administración pública, sin éxito ninguno, para que las plantas de Sabic y de cogeneración de Energy Wrks dejen de quemar bisfenol A y otros residuos peligrosos. La emisión a la atmósfera de millones de kilos al año de estos componentes generan problemas de contaminación y salud pública, dado que el bisfenol es un alterador hormonal. De hecho, los estudios del doctor Ortega localizan aquí uno de los tres clusteres de linfomas infantiles en la Región de Murcia (los otros dos están en El Hondón de Cartagena y en los alrededores de la antigua cementera de Lorca).
¿Existe “una conspiración de silencio” alrededor de estos tres focos de toxicidad que estaría operando para que determinados intereses empresariales no se vean perjudicados por las denuncias de los colectivos de afectados? La existencia o no de estas “conspiraciones de silencio” ha sido siempre muy discutida en las controversias sobre tóxicos industriales. Por ejemplo, el investigador británico Peter Bartrip, en una investigación clásica sobre el amianto entre 1890-1970, niega esta conspiración puesto que aún no existía un consenso amplio sobre su toxicidad y prohibición, lo que hacía que empresarios o médicos del trabajo tuvieran la confianza en conseguir limitar los riesgos de este material que se consideraba beneficioso para la industria.
El envenenamiento en EEUU de Las Chicas del Radio
Recientemente, la editorial Capitán Swing ha tenido a bien traducir un libro impresionante: Las Chicas del Radio (2018). Es la historia de las trabajadoras que fueron envenenadas por radioactividad en las fábricas de radio en el periodo de entreguerras de los EEUU. En aquel momento, el radio era un elemento químico recién descubierto por los Curie y se utilizaba profusamente para dar brillo a las pantallas de los relojes, para lociones corporales, etc. El libro relata la historia del envenenamiento por radio de cientos de trabajadoras que a lo largo de todo EEUU vieron como sus cuerpos caían enfermos hasta morir.
Pero sobre todo narra la heroica lucha de estas mujeres, que estando condenadas a muerte en edades muy jóvenes, sin embargo, demandaron judicialmente a sus empresas: “en muchos aspectos no se trataba de dinero –aunque era importante tratándose de familias obreras que tenían que asumir los altos costes de sus tratamientos médicos-, lo más importante era que las mujeres tuvieran un reconocimiento por lo que había sucedido: las habían insultado, habían dicho de ellas que eran mentirosas y liantas, unos fraudes. Habían visto cómo su empresa se libraba de una condena por asesinato. No peleaban por el dinero, sino por la verdad” (pp. 402-403). Tuvieron muchas derrotas, pero finalmente ganaron la batalla del radio.
La minuciosa labor investigadora de su autora, Kate Moore, y el estilo literario y periodístico de su escritura, hace del libro un material muy rico para comprender cómo funcionan las conspiraciones de silencio. El radio era un producto de éxito, que brillaba en la oscuridad, proporcionaba inmensas ganancias a las empresas, las mujeres trabajadoras tenían buenos salarios y sus ropas brillaban de radio al salir del trabajo, los pueblos adoraban a sus fábricas de radio. Cuando aparecieron los casos de envenenamiento por radio de trabajadoras, las primeras que deciden presentar sentencias judiciales contra sus empresas se enfrentaron a un muro bien sólido.
El muro estaba formado por las propias empresas que aún disponiendo de innumerables evidencias –como demuestra el libro- sobre el origen laboral de la enfermedad de sus trabajadoras, se negaron una y otra vez a poner en riesgo su tasa de ganancia. Movilizaron todo tipo de saber experto (médicos, abogados) para cuestionar la validez de las denuncias de sus trabajadoras, e impedir que se les declarara culpables y tener que pagar indemnizaciones. La tasa de ganancia empresarial es un poderoso argumento para comprar a médicos que elaboren informes en función de sus intereses, para ocultar pruebas clínicas que cuestionen el relato de su inocencia, para pagar a prestigiosos bufetes de abogados que presenten una aguerrida defensa y, si es necesario, le den la vuelta al sentido común.
Otro elemento del muro fue el silencio o la falta de colaboración de los innumerables médicos, abogados o responsables políticos a los que acudieron las trabajadoras envenenadas. E igualmente, también formó parte del muro la propia comunidad local que sospechó de las denuncias de las trabajadoras por defender a las fábricas que daban empleo y prestigio.
¿Cómo rompieron la conspiración de silencio? Con la certeza de que la verdad y la justicia se abrirían paso. Hubo médicos (no muchos) que se implicaron y validaron la tesis del envenenamiento por radio. Hubo abogados (no muchos) que se implicaron y pusieron generosamente a disposición de las trabajadoras su conocimiento y oficio. Hubo asociaciones de apoyo. Hubo periodistas que hicieron magníficos reportajes que consiguieron poner a la opinión pública del lado de las trabajadoras.
Las Chicas del Radio (2018) revela, en definitiva, que las conspiraciones de silencio existen y se pueden romper.
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