Matt Taibbi es el  periodista norteamericano que en un mítico reportaje de la revista Rolling Stone desnudó la estrategia del banco de inversión Goldman Sachs y lo comparó con un calamar gigante de mil tentáculos en el mundo de la política, las finanzas y la economía. Taibbi acaba de publicar ahora un libro (La brecha,Capitán Swing) en el que establece las relaciones entre la desigualdad de ingresos y la desigualdad en la justicia en EE UU.

Cuando uno lo lee, inmediatamente se pregunta por esa vinculación en otras partes en las que la desigualdad ha crecido exponencialmente en las cuatro últimas décadas. Por ejemplo, en América Latina, donde las escasas perspectivas de crecimiento (el FMI acaba de pronosticar un incremento medio del PIB de solo el 1,3% en 2015 y del 0,9% en 2016) amenazan con liquidar parte de lo conseguido en lo que va de siglo, que no ha sido poco.

Según Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, la expansión económica ha sido responsable de casi dos tercios de la reducción de la pobreza y de cerca del 80% del aumento de la clase media. Las políticas redistributivas han hecho el resto. Si esa expansión económica se trunca, si se pasa a ese “pronóstico apagado” del FMI, ¿qué va a suceder con lo obtenido, por ejemplo en materia de protección social?

El gasto público social en la región (salud, educación, previsión, vivienda…) ha crecido de 700 a 1.000 dólares per capita; la matriculación en la educación primaria ha aumentado hasta el 94% de la población total, y la secundaria, hasta el 73%. La proporción de personas pobres (por debajo de cuatro dólares al día de ingresos) ha bajado del 40% al 25% (más de 60 millones han abandonado la pobreza), y el porcentaje de personas de clase media (entre 10 y 50 dólares de ingresos diarios) ha pasado del 20% al 34%, casi 82 millones de personas.

Ello no significa que la zona haya dejado de ser la más desigual del mundo (porque los ricos son los más ricos del planeta) y que la economía sumergida haya dejado de significar la peste del mercado del trabajo (más del 70% de los trabajadores pobres y casi la mitad de los vulnerables —los que cobran entre 4 y 10 dólares al día— no tienen contrato formal, ni acceso a los servicios médicos, ni derecho a la Seguridad Social en forma de pensiones…). Un estudio conjunto de la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo alerta del peligro de que entre 63 y 83 millones de personas no puedan cobrar pensión en 2050, porque la economía sumergida no genera recursos suficientes con los que financiar esas pensiones (lo que replantea también la reforma fiscal).

Los estudiosos de la zona se plantean ahora como prioridad no tanto seguir avanzando en la línea citada, sino en cómo blindar lo conseguido. Para sus análisis es importante que tengan en cuenta la brecha de Taibbi, aquella que se abre entre la desigualdad y la injusticia, sobre todo en periodos de crisis.

Autor del artículo: Joaquín Estefanía.